Cumbre

Actualizado: hace 5 días

Cumbre de las Américas: del consenso regional de los 90 a las agendas internas de 2022.


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Aldo Rojas Silva

Cofundador del Instituto Desafíos de la Democracia. Máster en Dirección de la Gestión Pública. Administrador Público.


La reciente IX Cumbre de las Américas dejó una sensación de dulce y de agraz. Fue positivo materializar un nuevo encuentro y lograr acuerdos en materias relevantes como migración y medioambiente. Sin embargo, esta reunión evidenció cuán difícil resulta encontrar convergencias respecto de temas comunes, y cómo las políticas internas impactan la agenda regional compartida. La coordinación hemisférica no atraviesa su mejor momento. El clima de acuerdos y consenso de los 90 en Miami hoy no existe, y eso plantea serios desafíos políticos e institucionales para las Cumbres futuras.


Desde 1956 nuestro continente ha realizado esfuerzos por conseguir consensos y una visión compartida para el futuro de la región en lo económico, social y político. Durante el siglo XX las cumbres de las Américas permitieron la creación del Banco Interamericano de Desarrollo y sentar las bases de la Alianza para el Progreso, ambiciosa iniciativa del presidente John F. Kennedy para promover el desarrollo y las relaciones pacíficas en las Américas. El contexto político impidió expandir la iniciativa a la región y los esfuerzos por buscar destinos comunes se diluyeron en iniciativas como mercados comunes subregionales a foros políticos con limitado alcance.


Casi 40 años después y cambios globales mediante -fin de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín- permitieron realizar la primera Cumbre de las Américas (Miami, 1994) e instalar un proceso institucional de encuentros que ha impactado positivamente en la región. La Declaración de Principios de esa primera Cumbre estableció un pacto para el desarrollo y la prosperidad basado en la preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias de las Américas. El objetivo era expandir la prosperidad a través de la integración económica y el libre comercio; erradicar la pobreza y la discriminación en el hemisferio y garantizar el desarrollo sostenible y la protección medioambiente.


Entre 1990 y 2000 esta institucionalidad de cumbres se fortaleció. En 2001, con la Declaración de Quebec, los jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos democráticamente, señalaron: “Reconocemos que los valores y prácticas de la democracia son fundamentales para avanzar en el logro de todos nuestros objetivos. El mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y en futuras Cumbres.”


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Algo cambió en Los Ángeles 2022.


Nuestro continente llegó a esta IX Cumbre de las Américas, organizada por Estados Unidos, en un contexto marcado por la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, y regímenes dictatoriales en Nicaragua, Venezuela y Cuba.


En paralelo a la reunión de Líderes, la Cumbre tuvo otras tres instancias: el Noveno Foro de la Sociedad Civil, el Sexto Foro de Jóvenes de las Américas y la Cuarta Cumbre de CEO de las Américas. En ellas se debatió para alcanzar acuerdos sobre cinco temas claves: «Salud y Resiliencia en las Américas», «Nuestro Futuro Verde», «Acelerando la Transición a la Energía Limpia», «Transformación Digital» y «Gobernabilidad Democrática».


Mi experiencia en el debate al interior del Diálogo de Actores Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, deja algunas lecciones:

- La sostenida influencia que la sociedad civil ha tenido en el espacio de las Cumbres desde 1994. Solo en el grupo de trabajo que debatió para proponer un documento de posición a la Cumbre de Líderes participaron más de 250 organizaciones y actores de la civiles de todo el continente.

- La priorización generalizada de atención a grupos vulnerados y especialmente expuestos, como las comunidad afrodescendiente, indígenas, denunciantes de corrupción, defensores de derechos humanos y del medioambiente, comunidades LGBTIQ+, personas con discapacidad, niños, niñas, mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, migrantes, refugiados, apátridas, académicos, periodistas, y personas en situaciones de movilidad, que se transforman en sujetos prioritarios para la acción de los Estados.

- Constatar que la instancia del Diálogo de la Sociedad Civil es un espacio donde transitan los intereses de los Estados, presentes y ausentes en la Cumbre, por lo que es necesario participar adecuadamente en él.

- Observar que la Sociedad Civil que participó de la Cumbre de las Américas manifestó un amplio y decidido compromiso con los valores democráticos en la región, suscribiendo una declaración final que ratifica su adhesión al sistema democrático, considerando la “democracia como un derecho de los pueblos de América”. Junto a ello declaró que “ve con preocupación la degradación de las democracias en la región, por la instauración de líderes autoritarios, la persistencia de desigualdades estructurales y por la puesta en práctica de acciones y/o políticas restrictivas y regresivas de derechos humanos que agravan notablemente la calidad de vida en todos los países», condenando explícitamente las dictaduras de Nicaragua, Cuba y Venezuela.


Esta IX reunión deja de dulce y agraz. Las realidades políticas internas han impactado en una agenda regional compartida, haciendo difícil la convergencia en temas comunes. Así, por ejemplo, países como Guatemala, Honduras y México, donde el fenómeno de la migración ha estallado producto de condiciones políticas y económicas propias decidieron no participar con sus jefes de Estado.


La coordinación hemisférica no atraviesa su mejor momento, y el clima de acuerdos y consenso de los 90 en Miami hoy no existe, y dan paso a agendas de alcance interno que plantean serios desafíos políticos e institucionales para el proceso de Cumbres en el futuro.


Sin embargo, hay dos importantes legados que dejó el encuentro en Los Ángeles. El primero, la Declaración sobre Migración y Protección, promovida por EE. UU. y firmada por veinte naciones, para fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos para crear las condiciones de una migración segura, ordenada, humana y regular; y consolidar los marcos para la protección y la cooperación internacional.


El segundo, es la coalición «Américas por la Protección del Océano», que establece una red de Áreas Marinas Protegidas del continente interconectada para darles protección, y se espera generar cooperación y coordinación política para este propósito. Canadá, México, EE. UU., Costa Rica, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y Chile asumieron este compromiso.


Ambas agendas constituyen un nuevo paso en los debates regionales que han conseguido permear las legislaciones nacionales, y de forma incremental, abordar los principales desafíos comunes que enfrenta nuestra región.


En un contexto de divergencias políticas, dos urgencias globales –migración y medioambiente- pueden convertirse en caminos de encuentro y búsqueda de soluciones para una región que necesita de esta alianza para avanzar en su desarrollo con los nuevos enfoques que el contexto demanda.



Las opiniones expresadas en los artículos firmados son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del Instituto Desafíos de la Democracia - IDD.







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